Cuando pedí a la directora municipal una mesa de diálogo con la empresa que sepultó mi casa bajo cemento, me dijo: presentá a la fiscalía, que nosotros acompañamos. Al día siguiente tuve 20 camiones más frente a mi casa. Y una docena de abogados y funcionarios involucrados en la cuestión. Luego de 10 años de litigios administrativos y fiscales, el conflicto sigue intacto. Pero varios bolsillos engordaron por el camino. Tanto la empresa, como yo, fuimos perjudicados por una “institucionalidad” que se alimenta del conflicto. Ellos por haber pagado cuantiosas multas (oficiales o menos). Yo por sufrir represalias cada vez que exijo mi básico derecho a que no me barran cemento por la cara.
“lo que aparenta ser un desorden administrativo casual o involuntario, es en realidad una estructura de maltrato permanente al ciudadano que busca la garantía de sus derechos, financiada por los intereses corporativos”
Consulté a diestra y siniestra sobre especialistas en mediación, solo para confirmar que todo nuestro aparato judicial está orientado -desde la Facultad hasta la Corte- a alimentar conflictos largos y desgastantes, de los que se benefician castas leguleyas y funcionarias, poniendo en resguardo y consolidando su poder económico y político, mientras el común de quienes esperan justicia se desangra.
La absoluta ignorancia cívica de la población que resulta del sistema educativo universal, es la contraparte que sostiene estas relaciones. Educación y justicia, sin duda dos de los legados más perversos del autoritarismo stronista-colorado, que se condensan, hasta hoy, en la Facultad de Derecho, donde las denuncias de nepotismos y favoritismos son cotidianas.
Un dato no menor es que Paraguay triplica y hasta quintuplica la cantidad de abogados por habitante en comparación con otros países de América y Europa. El negocio del conflicto es prometedor, teniendo en cuenta algunos estudios que promedian una duración de cinco años para el fuero civil. El tiempo funcionario calza a la necesidad de ralentizar procesos, cuando conviene al “pagante”, y se cotiza cuando requiere acelerar instancias.
Pero no solo abogados, fiscales y jueces administran conflictos. También lo hacen las autoridades nacionales, y sobre todo, municipales. En este campo, la recaudación es casi siempre paralela, y la cotización aumenta cuando crecen la dimensión y la visibilidad del conflicto. Son comunes, inclusive, recaudaciones periódicas de funcionarios que hacen la vista gorda ante quien origina el conflicto, o que ofrecen protección especial a una de las partes.
La transición paraguaya parecería haber desembocado, antes que en relaciones más democráticas, en una nueva forma de autoritarismo, que teje su trama fuera del aparato estatal, para someterlo completamente al interés privado. Aquí ya no se piensa en el Estado nación como unidad de desarrollo, sino en la consolidación del propio grupo corporativo. En este escenario, los conflictos abundan, y lo que aparenta ser un desorden administrativo casual o involuntario, es en realidad una estructura de maltrato permanente al ciudadano que busca la garantía de sus derechos, financiada por los intereses corporativos.
Los lenguajes del odio promovidos algorítmicamente han venido, sin dudas, a expandir y agudizar los conflictos en la sociedad de la ciber-vigilancia.
Una sociedad que no apuesta a mecanismos eficaces de resolución de conflictos es una sociedad que se consume a sí misma ante el enorme costo humano y social de la prolongación y agudización de sus conflictos. Y una sociedad consumida en esta lógica es terreno fértil para el desarrollo y la consolidación de autoritarismos expoliadores.
